La industria webcam necesita una regulación acorde con el mundo financiero

Carecer de una legislación que se adapte a la realidad del sector financiero ha impedido que los actores de la industria puedan acceder a la inclusión financiera.

La industria de entretenimiento para adultos, a través del sistema webcam, es una industria que ha tenido presencia en Colombia durante más de dos décadas, no obstante, durante estos años, los actores del sector como modelos o dueños de estudios, han tenido impedimentos a la hora de abrir una cuenta bancaria, porque las entidades financieras del país con frecuencia ponen obstáculos administrativos para abrir una cuenta, que les permita el ingreso de recursos al país y, de esta manera, continuar con su actividad comercial y empresarial.

Sumado a lo anterior, el incremento de la tasa de cambio ha generado que la cifra de pesos colombianos aumente, por lo que la cantidad de dinero para entrar a Colombia, por parte de los actores de la industria es mayor, una situación que ha complejizado la dinámica de ingresos para empresarios y modelos del sector.

Es de conocimiento público que las cifras que recauda la industria webcam a nivel nacional son de alto volumen, llegando a ingresos de hasta 600 millones de dólares anuales, cifra alarmante para los bancos, pero los actores de la industria han manifestado, en diferentes ocasiones, que están dispuestos a conversar con los bancos y aclarar dudas con relación a la legalidad y procedencia del dinero.

Ante esta situación frente a los bancos en Colombia, los diferentes actores del gremio han generado estrategias para lograr la inclusión en los bancos nacionales y, prueba de ello, es la ponencia, por parte de la Directora de Asuntos Políticos de Asobancaria, Diana Rosa Ahumada García, quien asistió a la séptima versión del Communityu Update, como delegada de la entidad, para explicar los procesos que llevan a cabo los diferentes bancos en el país con los diferentes sectores. En su ponencia explicó los retos que la industria debe enfrentar para alcanzar la inclusión financiera.

Riesgos de la industria

La representante de Asobancaria enfatizó que “la industria del entretenimiento para adultos no está prohibida por la ley, sin embargo, dicha actividad se encuentra expuesta a la materialización de ciertos riesgos, que no permiten que los bancos puedan vincular a una modelo o a un estudio dentro del abanico de sus clientes”. Los riesgos a los que se refiere la funcionaria son los siguientes:

1. La inexistencia de regulación sobre el tema financiero: explica que, “si bien la industria ha radicado algunos proyectos de Ley ante el Congreso de la República, encaminados a establecer un marco regulatorio, que hable sobre cómo deben funcionar los estudios webcam financieramente y la entidad estatal que debería vigilarlos y supervisarlos, que en este caso es la Superintendencia de Sociedades, lastimosamente esas iniciativas incluían dos puntos que no están acorde con la realidad del mundo financiero”.

Según la directiva, el primero de ellos es que se solicitaba a las entidades bancarias abrir las cuentas y el segundo, a monetizar las divisas, “algo que no es acorde con la normativa financiera, porque no se puede abrir una cuenta bancaria a un cliente que no pase el estudio de riesgo, pues está por encima de todo la protección del ahorro del público, que también tiene una relevancia constitucional elevada”.

2. Riesgo de lavado de activos y eventual comisión de otros delitos: la funcionaria argumentó que “el sector financiero colombiano no estigmatiza ninguna actividad comercial (…), lo que sí es cierto es que en este tipo de industrias la normatividad internacional exige una debida diligencia ampliada, es decir, se debe hacer un estudio más profundo de esa actividad comercial a la cual se dedica el cliente”. Como se mencionó anteriormente, la industria de entretenimiento para adultos genera grandes cifras de dinero para la economía del país, lo que se puede convertir en una alerta para las entidades financieras y asociarlo con este tipo de riesgo; ante esta situación, Ahumada sugiere “implementar un sistema de prevención de lavado de activos, esto genera más tranquilidad a los bancos para abrir las cuentas o monetizar la divisa”.

La funcionaria explicó que, “aunque no sea el panorama general de la industria, también se pueden presentar casos de pornografía infantil, trata de personas, no contar con el consentimiento de los modelos, entre otros riesgos que generan inquietud en los bancos”.

3. Riesgo de poner en peligro las relaciones con los bancos corresponsales en el exterior: ante este factor, Diana Ahumada asegura lo siguiente “en caso de que se materialice alguno de los riesgos previstos, el banco no quisiera quedar bloqueado, ante los bancos internacionales, por tener negocios con un estudio que no cuente con la debida diligencian realizada”.

Luego de explicar los posibles riesgos que puede presentar la industria ante las entidades financieras nacionales, Ahumada brindó algunas indicaciones de la ruta a seguir, por parte de los actores de la industria, para que puedan tener una inclusión financiera, evitando retrocesos al momento de ingresar el dinero al país.

Recomendaciones

Las recomendaciones que brindó la funcionaria fueron las siguientes:

* Instaurar mesas de trabajo público-privadas, con todos los actores involucrados.
* Construcción y aprobación de un Marco Institucional Regulatorio para las plataformas webcams.
* Diseño institucional que permita supervisar, vigilar y controlar la actividad comercial de la industria.
* Diseño de políticas internas de cumplimiento y adecuada gestión de riesgos.
* Elaboración de documentos técnicos.
* Diseño e implementación de mecanismos que permitan el debido conocimiento del clemente
* Suministro de información veraz, actualizada y pertinente.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, Fenalweb viene avanzando en lograr que sus asociados puedan tener facilidades para cumplir las recomendaciones establecidas por Asobancaria y, de esta manera, continuar en el camino de materializar un proceso de formalización, con garantías de legalidad y sostenibilidad.